El apartheid del 22@

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Por Paula Kobeaga

21 de los 36 mayores asentamientos irregulares en Barcelona por parte de subsaharianos, rumanos y galaicoportugueses se concentran en el barrio de Sant Martí : la exclusión social y el estigmatismo proliferan en el distrito tecnológico.

Tras el proyecto de renovación urbanística más ambicioso de la ciudad de Barcelona en los últimos años se esconden millares de inmigrantes en solares vacíos, caravanas y naves industriales abandonadas. El proyecto del 22@, con un potencial inmobiliario alto y una inversión pública de 180 millones de euros, supone la reconversión de las antiguas áreas industriales de Poble Nou en una costosa plataforma científica y tecnológica con repercusiones en el ámbito internacional. Pero detrás de la imagen del que aspira a ser el distrito más moderno y tecnológico de Barcelona hallamos un drama social en el que se requiere ayuda humanitaria a gritos. Desde el comienzo de la crisis económica las cifras de sin techo en el distrito de Sant Martí han aumentado en más de un 30%: las desigualdades sociales se hacen muy patentes en esta zona donde la especulación financiera tiene su cuna.

Entre alzamiento y alzamiento de nuevas y contundentes construcciones, tales como la Torre Agbar, el Hotel Me o el edificio de la Comisión del Mercado de las Comunicaciones malviven en condiciones deplorables un número nada despreciable de inmigrantes sin papeles ( la mayor parte de origen Subsahariano, Rumano y Galaicoportugués. ) Según su procedencia buscan la agrupación y apropiación de los espacios de forma diversa, así como estos últimos se asientan en caravanas y solares vacíos en núcleos familiares, los subsaharianos ocupan de forma temporal recintos industriales abandonados.

Pero todos ellos tienen un denominador común: las condiciones degradantes en las que tienen que desenvolverse en la vida diaria en donde la recogida de la chatarra con sus carritos día tras día para posterior venta constituye su única y famélica fórmula de superviviencia. En los precarios talleres de trabajo que improvisan separan los componentes de los objetos fruto de su búsqueda bajo ínfimas condiciones de seguridad. A menudo los gases tóxicos de ciertos electrodomésticos y la nula protección en las manos al manipular los materiales agravan las graves condiciones sanitarias en las que ya se halla la mayor parte.

22a1Además de violarse las condiciones de salubridad de aquellos que trabajan con la chatarra urbana, el negocio sumergido de la compraventa de la chatarra supone un engranaje más en un montaje transnacional que encierra graves explotaciones. Entre los comerciantes de los diferentes puntos locales que adquieren la mercancía y los “chatarreros” se establece una dependencia prácticamente medieval, ya que muchos compradores abusan de la irregular situación de los segundos y mediante postergaciones de pago se aseguran la perpetuidad de las visitas y por ende, del propio negocio. Los denigrantes abusos de los distintos intermediarios que adquieren la chatarra hasta la venta definitiva a empresas autorizadas legalmente a su recogida y tratamiento empiezan por el escaso pago a los “recolectores”: de 10 a 15 euros por carrito lleno, siendo ésta una cifra innegociable.

Entre los impulsos que carecen de soporte institucional y en consecuencia de impulso financiero se encuentra el de la posible formación de una cooperativa de reciclaje entre la comunidad. De esta manera no sólo se mejorarían las condiciones laborales de aquellos que encuentran de la chatarra su sustento, sino que se daría pie a la contratación de trabajadores de forma legal, facilitando la tramitación administrativa de los permisos de residencia.

La línea de actuación del Ajuntament, concretamente del Área Qualitat de Vida, se halla dividida hoy en día en acciones temporales y a largo plazo. Entre las actuaciones de ámbito temporal figura la oferta de alojamiento en dos modalidades: en pensiones para aquellos en situación de emergencia, y en pisos de transición a base de convenios con diferentes entidades como Mambré, Iniciativa Solidària, Cruz Roja…etc. La segunda solución, de mayor calidad, solo es accesible para unos pocos ( según el informe del Ajuntament de agosto del 2013, de 192 personas que se hallan actualmente alojadas dentro del plan de asentamientos, solo 18 se encuentran en pisos de transición). La mayoría de los inmigrantes son alojados temporalmente en distintas pensiones con diferentes condiciones, llegando a encontrarse habitaciones de 6m2 en donde se pueden llegar a alojar 8 personas con sus diversas pertenencias, y siendo esta medida una solución para cortos períodos de tiempo. Al producirse (de forma provisional y en la mayoría de casos, efímera) el realojo de estas personas en pensiones se les aleja de sus círculos sociales y familias, desperdigándolos en varios puntos de la ciudad y dificultando las relaciones horizontales de relación. Al estar alejados de los polígonos industriales -donde realizan la mayor parte de la actividad de recogida de chatarra- y verse desprovistos de esos espacios que utilizaban como almacenes se les incrementa de forma considerable la dificultad para llevar a cabo esta precaria actividad. Contemplamos pues, una solución “temporal” que no llega a solucionar ninguna de las necesidades de los individuos, pues al no solventarse como objeto prioritario los procesos de legalización no solo siguen condenados a perpetuar este tipo de trabajo sino que cuentan con dificultades añadidas para llevarlo a cabo en un círculo cerrado sin solución aparente.

Entre las actuaciones a largo plazo del plan del Ajuntament se promueven planes de formación de cooperativas, cursos de formación y programas de inserción laboral, que tienen sin embargo detrás de su cara una cruz: para acceder a muchos de ellos han de contar ya con documentación y se les imposibilita la posibilidad de trabajar al mismo tiempo.
Paralelamente, se trabaja con la regularización del permiso de permanencia de estas personas, siendo éste un proceso largo, complicado y en el que la mayoría de los afectados desconoce los trámites y las pautas a las que atenerse. La falta de asesoría a lo largo del proceso, el requerimiento de un contrato laboral de una duración mínima de un año y la potestad que tiene el estado central en la fase final del procedimiento son algunas de las muchas dificultades a las que se enfrenta la gran mayoría.

¿Nos hallamos pues, ante un programa tan segmentado y falto de visión que es incapaz de trabajar contemplando estos diferentes ritmos de trabajo a la vez, o es que no conviene a la imagen de ciudad al que se quiere aspirar? Otorgar un derecho tan básico como el acceso a una vivienda digna (aunque sea temporalmente) si se sacrifica el trabajo – dignificación del ser humano y la vía para tener derecho a la ciudad – es como ofrecer como ayuda una pistola con una única bala.

Una de las frases más destacables del relator de las Naciones Unidas Mutuma Ruteere al visitar las naves de la calle Puigcerdà,127 -el asentamiento irregular más ocupado en Poble Nou- antes de su desalojo este verano fue: “ Un desalojo nunca debe terminar con personas que se queden sin hogar, y deben estar acompañados de programas que permitan encontrar alternativas a los afectados.”

No cumplir esta máxima, como así está ocurriendo, supone una violación de los derechos humanos. Se ha permitido el desalojo ininterrumpida y masivamente en varios puntos de Poble Nou para promover esa imagen de “Barcelona Neta” y moderna de cuyo ejemplo el 22@ es el máximo exponente. Se han consentido las posteriores persecuciones nada aleatorias disfrazadas de “inspecciones rutinarias” en centros de ocio y reunión frecuentados por estas minorías, dificultando las diferentes consolidaciones sociales que ellas comportan. Y por si no fuera suficiente, la falta de viabilidad de los programas pensados por las instituciones –tanto de solución temporal como a largo plazo- hace que no parezca haber salida ni posibilidad de integración de estos colectivos, no al menos en un tipo de barrio movido por intereses privados.

No es de extrañar que, entre los colectivos sociales que confluyen en una lucha por acabar con esta realidad social tan injusta crezca una desconfianza cada vez mayor con las distintas administraciones competentes, ya que las pruebas innegables de determinadas actuaciones de tinte racista por parte de algunas instituciones imposibilitan cualquier tipo de actuación bidireccional. La desconfianza por defecto que se está generando y la información tendenciosa y parcial dejan muchas voces silenciadas ante situaciones de verdadera barbarie, como es el caso de la escasa información divulgada de los procesos de los abusos cometidos en los Centros de Internamientos Extranjeros, a los que solo tuvieron acceso ciertos representantes políticos.

Tampoco hace falta hacer análisis en los medios oficiales por cuanto pequeñas dosis de racismo se observan a distintos niveles y esferas. No son pocas las pequeñas organizaciones “sociales” cuya falta de transparencia y de democracia interna no hacen sino aumentar la sensación de desamparo e impotencia entre los inmigrantes. Las asambleas horizontales y de corte popular que tratan esta problemática son cada vez más frecuentes, pero la distancia que los separa de los grupos mediáticos y el poco acceso a los medios de comunicación hacen que muchos hechos denunciables ocurridos a los inmigrantes permanezcan en la sombra y no trasciendan a otra escala.

En definitiva, la sensación de desamparo e impotencia crece cada día entre los desheredados de esta ciudad moderna que es Barcelona, y más concretamente en la barriada de Poble Nou, donde los muros de ladrillo y metal permanecen bajo la sombra de este gran proyecto de fuerte inversión tecnológica y gran involución humana que es el 22@.

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